La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) aprobó la semana pasada un plan de pagos para que las distribuidoras y cooperativas eléctricas de todo el país normalicen su deuda de unos 1.000 millones de dólares por la energía que no abonaron en el último tiempo, con la justificación de que no tenían tarifas suficientes para cubrir sus costos.
La propuesta, que demandó varias reuniones de directorio, tiene el aval de todo el sector (el Gobierno, las distribuidoras, las generadoras, las transportistas y los grandes usuarios, que son accionistas cada uno del 20% de Cammesa) y permitirá que las distribuidoras como Edenor, Edesur, Edelap y múltiples firmas en toda la Argentina vuelvan a ser «sujetos de crédito».
Así, se liberaría una restricción para que se privatice el mercado eléctrico, en el sentido de que las generadoras, comercializadoras y distribuidoras puedan hacer contratos de suministro de energía a largo plazo, sin la intervención del Estado (Cammesa) como mediador, tal como sucede en el resto del mundo. En Argentina ocurrió en la década de los ’90, pero el sistema colapsó con el fin de la Convertibilidad y el comienzo de los subsidios masivos.
La deuda de las eléctricas a Cammesa
El plan de pagos establece que las distribuidoras podrán saldar sus deudas con un período de gracia de 1 año y luego tendrán otros 6 años -72 meses- para regularizar sus cuentas, con tasas de interés preferenciales.
La deuda de 79 distribuidoras y cooperativas con Cammesa suma en total $ 2,35 billones. De esos, unos $ 1,14 billón ya había tenido acuerdos de normalización antes de 2023 y otros $ 111.684 millones durante 2024.
Por ende, quedaron $ 1,1 billón (US$ 1.000 millones) sin normalizar este año, la mayor parte por el efecto de la devaluación de diciembre 2023 y la demora del Gobierno nacional y las provincias en otorgar aumentos de tarifas para las distribuidoras que regulan. Las empresas empezaron a cancelar el 100% del pago de la energía recién en abril o mayo, según el caso.
La Secretaría de Energía, a cargo de María del Carmen Tettamanti, deberá instrumentar mediante una resolución lo que ya aprobó Cammesa, y después cada empresa tendrá 30 días para firmar sus acuerdos. El gerente general de Cammesa, Mario Cairella, va ganando relevancia en el sector energético, gracias a su confianza con el asesor presidencial Santiago Caputo y la normalización progresiva del mercado, cuentan fuentes del área.
En las 4 reuniones de la semana pasada las generadoras eléctricas (Central Puerto, Pampa Energía, Enel, AES, YPF Luz, Albanesi, MSU y Genneia, entre los grandes del sector) avalaron el plan oficial pero siempre bajo la condición de que no afectara al crédito de sus empresas.
La idea es que durante 2025 se avance con una desregulación para que se pueda contratar libremente la energía. Pero hay limitantes: por ejemplo, los generadores confían más en venderle electricidad a Edenor y Edesur, que son las distribuidoras más grandes del país por cantidad de clientes -operan en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano- y dependen de una regulación nacional, más proclive al ajuste periódico de tarifas.
Pero las generadoras son más reacias a hacer contratos con cooperativas provinciales, que dependen de la voluntad política de cada gobernador y su conveniencia o no de aumentar las tarifas, claves para que después las empresas paguen la energía.
Intervención de cooperativas
En ese sentido, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, pidió este martes al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) la intervención judicial de la cooperativa eléctrica de Rawson, que debe a Cammesa $ 12.000 millones. Según denunció Torres, los ejecutivos de la cooperativa habrían desviado 600.000 dólares de la empresa a un contrato con un estudio de abogados.
Hace dos meses el gobernador había pedido también la intervención de la Cooperativa Eléctrica de Consumo y Vivienda Limitada de Trelew.
Además, Cairella intervino las cooperativas de Villa Gessell, Las Flores, Olavarría, 9 de Julio y Tres Arroyos, todas de la provincia de Buenos Aires; más la de Gualeguaychú, en Entre Ríos, y la de Río Grande, en Tierra del Fuego, todas grandes deudoras.