Allí se analizará la calidad de servicio que deben tener los usuarios de Edenor, Edesur y Transener; las inversiones necesarias para mejorar la red y reducir la duración y frecuencia de los cortes de luz; y el financiamiento vía aumentos de tarifas que estiman las empresas para el período que irá desde abril de 2025 hasta marzo de 2030.
Según una serie de resoluciones que firmó este martes el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y que se publicarán en las próximas ediciones del Boletín Oficial, el martes 28 de enero se lanzará la convocatoria a la audiencia pública para la distribución, que se realizaría el jueves 27 de febrero por streaming.
Unos días antes, el miércoles 22 de enero, se concretará la convocatoria a audiencia pública para el transporte, que tendría lugar el martes 25 de febrero.
De acuerdo a lo que pudo saber Clarín, el Gobierno les fijó a las distribuidoras un objetivo de disminuir en promedio durante los 5 años más de 40% la duración -SAIDI, en horas- y la frecuencia -SAIFI, en cantidad de veces- de los cortes de luz en algunos municipios del Gran Buenos Aires (GBA), donde el servicio tiene peor calidad.
Las metas a 2030 rondan de 2,8 a 3,3 horas y de 1,2 a 1,4 veces por semestre las interrupciones en promedio.
En la Ciudad, en tanto, el punto de partida es mejor, pero en algunas comunas el objetivo es una mejora del 30%: La meta es llegar dentro de 5 años a entre 2,55 y 2,8 horas y a entre 1,08 y 1,19 veces por semestre de cortes.
Vale aclarar que los puntos de partida de estos senderos son teóricos, por lo que implica una mejora aún mayor en la calidad respecto a la prestación real.
Y también hay que tener en cuenta que los contratos de concesión establecen parámetros por usuario, con multas para la empresa (y bonificaciones para el cliente), aunque estos objetivos valen para la estadística de calidad.
Mediante un régimen de sanciones crecientes, el ENRE busca que las empresas no descuiden a ningún usuario ni a ninguna zona en particular.
Cuándo aumenta la luz
El lunes 31 de marzo el ENRE publicará las resoluciones con los nuevos cuadros tarifarios, que tendrán vigencia a partir del martes 1 de abril desde las 0 horas.
La idea del Gobierno es mantener su política de habilitar incrementos mensuales de las tarifas de luz y gas en el primer trimestre del año, siempre por debajo de la inflación pasada y con la intención de marcar una pauta a todo el resto de los precios de la economía.
Con los marcos regulatorios normalizados, en abril habría una suba que no superará el 9,9% final (un dígito) en las boletas de los hogares. Incluso en los despachos oficiales creen que el alza puede ser aún menor y, si fuera mayor al 5%, podría dividirlo en cuotas.
En cualquier caso, los dueños de las empresas que prestan los servicios públicos regulados de transporte y distribución de electricidad y gas natural por redes (como Transener, Edenor, Edesur, TGS, TGN, Metrogas, Naturgy, Camuzzi y Ecogas) buscan que el Gobierno les otorgue un mecanismo consistente de aumentos de tarifas mensuales aún después de abril, para que sus ingresos no se atrasen contra la inflación.
El regreso a los marcos normativos -sin discrecionalidad- y su cumplimiento, creen los empresarios, es fundamental para volver a ser «sujetos de crédito», mantener en términos reales el valor de sus inversiones y poder cumplir a mediano y largo plazo con los bancos que financien la mejora de sus redes y las prestaciones de los servicios públicos.
En otra de las resoluciones del ENRE, el Gobierno fijó una tasa de rentabilidad sobre activos (WACC) promedio después de impuestos de 6,22% para Edenor y Edesur, que hasta ahora era del 10,31%. Lo justificó en la baja del riesgo país, que disminuye los costos de financiamiento.