A seis meses de la firma del Pacto de Mayo, se venció el plazo de la convocatoria del órgano encargado de transformar en proyectos de ley las diez políticas de Estado que el presidente Javier Milei, su hermana Karina y 18 gobernadores rubricaron en la gélida noche tucumana dentro de la Casa Histórica en la que un 9 de julio de 1816 se declaró la Independencia.
Si bien en el decreto reglamentario se había establecido un lapso de 30 días para que este órgano consultivo comenzara a operar, en el gobierno relativizan los plazos aduciendo que tampoco se cumplieron para sancionar una nueva ley de Coparticipación Federal tal como lo demandaba la Constitución de 1994. Es decir, el Consejo de Mayo podría reflotarse si hubiera decisión política tanto del Ejecutivo como de los otros sectores representados en el mismo: el Congreso, las provincias, los gremios y el empresariado.
Sólo quedó definido Guillermo Francos como presidente del Consejo y el ministro Federico Sturzenegger como representante del Ejecutivo; la designación de este último fue la última publicación del Boletín Oficial -el 8 de agosto de 2024- sobre el tema.
Es que la propia épica de Pacto de Mayo se fue aplacando con el correr de los meses y los propios conflictos sectoriales del Gobierno terminaron «archivando» por el momento a esta iniciativa. En octubre pasado el Gobierno había deslizado que vería con buenos ojos que el gobernador Alfredo Cornejo sea el representante de sus pares. Pero el mendocino nunca más fue contactado por el tema. Tampoco el sindicalistas de la construcción Gerardo Martínez, de buen diálogo con la Casa Rosada, que habría sido el elegido para poner la voz de la CGT en el órgano consultivo.
Intentan, en verdad, minimizar la polémica por la postergación de una iniciativa que había sido tildada como clave por el Presidente para trazar un sendero de crecimiento de la Argentina que se prolongue en el tiempo. De hecho, culpan a la CGT y al empresariado por no haber definido a sus representantes.
En los hechos, la concreción del órgano encargado de velar por los ejes del Acta de Mayo que Milei firmó en San Miguel de Tucumán la medianoche del 8 al 9 de julio con gobernadores sigue demorada. Aquella noche, Mauricio Macri, con quien el Ejecutivo mantiene una relación por demás ambigua, no fue convocado a participar de la rúbrica y tuvo que conformarse con un café caliente para atemperar las bajas temperaturas que arreciaban a la capital tucumana.
Milei había dicho que los gobernadores y su hermana firmaron un Acta de “10 conceptos inclaudicables”: inviolabilidad de la propiedad privada, equilibrio fiscal innegociable, reducción del gasto público, educación con alfabetización plena y sin abandono escolar, reforma tributaria, rediscusión de la coparticipación federal, explotación de los recursos naturales del país, reforma laboral moderna, reforma previsional y apertura al comercio internacional.
En plena euforia libertaria por lo que consideraban un mojón en su administración, insistieron durante varios días que el gobernador Claudio Vidal se sumaría al Pacto por no haber podido concurrir a la cita tucumana por un temporal que en ese momento azotaba el sur patagónico y entonces lo rubricaría en Casa Rosada junto al Presidente. Finalmente el santacruceño nunca firmó el entendimiento.
Pasaron los meses y tampoco se concretó otro ámbito de discusión como la mesa tripartita entre gremios, el Gobierno y empresarios que impulsaba el secretario de Trabajo, Julio Cordero. En Casa Rosada sostienen que las demoras se deben a la relación oscilante que la CGT mantiene con el oficialismo y que el Grupo de los Seis (G6), la agrupación de confederaciones empresarias más poderosas del país, no se ha puesto de acuerdo para designar a un delegado en el Consejo de Mayo, por caso.