Tras regresar de su gira por Estados Unidos y Suiza, el presidente Javier Milei estiró hasta este martes la definición de quién asumirá en la Procuración del Tesoro en reemplazo de Rodolfo Barra, desplazado por supuestas «graves irregularidades”. Cuando todo hacía pensar que el mandatario se había decidido por ofrecerle el cargo al ex secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Manuel Rojas, a quien conoce hace más de una década, y hasta le había encomendado a sus colaboradores que ultimaran los detalles para avanzar con su nombramiento, pasadas las 19 de este lunes en Casa Rosada sorprendieron al afirmar que «nada está definido» y que quien era el principal candidato finalmente podría ser tenido en cuenta para otro cargo de jerarquía en el organigrama.
Así, la única certeza que transmitían altas fuentes del Ejecutivo fue que «este martes a la mañana quedará definido». ¿Qué pasó en el medio? «El Presidente debe decidir si avanza con Rojas, que tiene un perfil acorde más al de un juez que el de un abogado del Estado, ó si va con otro de los candidatos», explicó un alto funcionario al cabo del encuentro que Rojas mantuvo con el asesor presidencial Santiago Caputo en Casa Rosada. «Es una eminencia», destacaron cerca del mandatario sobre Rojas, quien dejó una buena impresión pero podría ser tenido en cuenta para otro cargo. «Estamos analizando porque tal vez sea de mayor utilidad en otros lugares que puedan ser renovados próximamente», ampliaron. De todos modos, tampoco nadie se animaba a descartarlo porque «depende de lo que quiera hacer el Presidente».
En caso de que Rojas sea «preservado» para otro recambio de fichas, corre con ventaja el nombre de uno de sus discípulos, Santiago Castro Videla, un abogado de 43 años, especialista en derecho administrativo. En cambio, Carlos Laplacette, otro nombre que era mencionado por algunos funcionarios, casi que fue descartado desde el triángulo de hierro: apuntan contra un importante estudio de abogados al que en el Gobierno culpan de estar haciendo lobby contra Milei.
Con todo, si bien nadie explicitó qué cargos podrían quedar disponibles, el argumento oficial en torno a la posibilidad de que Rojas sea designado en otra área del Gobierno reabrió las especulaciones en torno a más cambios en el Gabinete. Y reflota los rumores sobre la continuidad del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien este lunes participó junto al Presidente en el acto por el Día Internacional del Holocausto pero se retiró apurado y optó por no hacer declaraciones.
«Tenemos que ver para que cargo machea mejor», insistió una alta fuente al referirse -y realzar- a Rojas, de 66 años, que fue secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia (1986-1993) y juez del Tribunal en lo Criminal número 18 (1993-2008), cargo que retomó por concurso a partir de 2011 y concluyó en 2020.
Rojas, al que Milei conoce desde antes incluso de incursionar en los medios de comunicación, se reunió con Caputo, quien le ofreció formalmente el cargo y le explicó la metodología de trabajo del Gobierno para evitar futuros cortocircuitos. “El que no entiende que todos somos parte de un equipo que tiene la única misión de empujar la agenda del Presidente, está afuera”, es el razonamiento que suelen esbozar en el círculo más cercano a Milei cuando un funcionario es eyectado del Gobierno. En las últimas horas, con la abrupta salida de Barra, volvió a escucharse.
Doctor en Historia Económica (ESEADE), Rojas escribió distintos libros, entre los cuales se destaca “La inflación como delito”, una obra recomendada por el propio Presidente en especial durante la campaña.
“El libro explica que la inflación es una estafa, es un delito que no está tipificado en el Código Penal y debería estarlo”, detallaba Milei cuando llevaba el libro a los medios de comunicación. Inspirado en esa edición, el Presidente elaboró un proyecto que pena con prisión a aquellos funcionarios que usen la emisión monetaria y a los diputados y senadores que aprueben un Presupuesto con déficit fiscal.
Rojas fue la primera opción que planteó Milei ni bien se tomó la decisión de echar a Rodolfo Barra por una serie de “hechos graves”, que se fueron suscitando con el correr de los meses. Fuentes de la mesa chica del líder libertario explicaron a Clarín que “ya había mucho ruido con él” porque “básicamente no estaba jugando a favor del Gobierno”.
Sin embargo, el último hecho que causó indignación fue un reciente dictamen realizado por Barra a favor de una empleada pública del Ministerio de Justicia en el marco de un litigio laboral.
La empleada había presentado una impugnación porque el Poder Ejecutivo le había quitado un incentivo salarial, el cual había sido otorgado través de un convenio con la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), un ente privado que, tal como reveló Clarín, administraba miles de millones de pesos para el Estado. Ese acuerdo se dio de baja y culminó con el despido de más de 2500 trabajadores de la cartera que conduce Mariano Cúneo Libarona.
En los pasillos de Balcarce 50 apuntan que ya se lo tenía en la mira pero admiten que el caso aceleró los tiempos.
“Vimos que en varios temas no estaba actuando bajo los intereses de este Gobierno. Y que no dictamine 100 por ciento a favor del Gobierno es raro”, había señalado una alta fuente oficial, que confirmó que Barra “no vivía en el país” y que “gran parte del año estaba en España y en Punta del Este”.
No queda claro si en el Gobierno estaban al tanto de esta situación y si se lo cubrió hasta que se produjo un quiebre en el vínculo, aunque hay voces que interactuaban con Barra que reconocen que para convocarlo a reuniones en forma personal «había que hacerlo con mucha anticipación».