Dos días después de los graves incidentes en la marcha de jubilados frente al Congreso, el Gobierno presentó este viernes una denuncia por sedición, atentado al orden constitucional y la vida Democrática y asociacion Ilícita agravada, en la que apunta contra dos intendentes K y un dirigente cercano al sindicalista Luis Barrionuevo.
En la presentación también pidió que se aparte de la causa a la jueza Karina Andrade, quien horas después de los incidentes ordenó la liberación de 114 detenidos.
En la denuncia de 10 páginas que se conoció este viernes, el ministerio que conduce Patricia Bullrich apuntó contra los intendentes de La Matanza, Fernando Espinoza, y de Lomas de Zamora, Federico Otermín.
«La organización de la movilización, destinada -según lo informado por diversos medios periodísticos- a “provocar disturbios” enfrentando a la policía y generar “represión”, implicaría la participación de los intente dentes de La Matanza y de Lomas de Zamora, debido a que -como dijimos- en sus municipios se concentraron una parte de los manifestantes que concurrieron a la Plaza de los Dos Congresos y tenemos elementos de juicio que permiten sostener que han financiado la movilización», señala la presentación.
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