Tensiones entre supermercados y alimenticias ante maniobras abusivas en los precios

En medio del proceso de normalización económica que vive la Argentina tras la reciente liberación del cepo cambiario, se desató una intensa disputa  entre las principales cadenas de supermercados, mayoristas y empresas productoras de alimentos. El foco: listas de precios con aumentos injustificados de hasta el 10%, que despertaron el inmediato rechazo  del sector comercial y una contundente respuesta del Gobierno Nacional.

Las alarmas se encendieron con la llegada de nuevas listas de precios por parte de grandes firmas alimenticias como Unilever  y Molinos, que pretendían imponer subas de hasta el 12%. No obstante, las principales cadenas del país, nucleadas en la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), y los supermercados mayoristas representados por la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas  (Cadam), rechazaron públicamente esta maniobra que no encuentra sustento ni económico ni tributario.

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró este jueves una señal de racionalidad por parte del sector empresarial:  «Molinos retrotrajo toda la suba de precios. Buena reacción. Y sobre todo, gran gestión de los supermercados, cuidando a sus clientes», escribió en su cuenta oficial de X. El mensaje dejó en claro que el Estado no está ausente y que, aun en un contexto de mayor libertad de mercado, la defensa del consumidor sigue siendo una prioridad.

Desde Cadam, el vicepresidente Armando Farina explicó con precisión técnica por qué las subas eran infundadas: «La liberación del cepo no representa una devaluación, sino una apertura positiva del mercado. Las empresas ya operaban con el dólar MEP o Contado con Liquidación, que incluso bajaron tras la apertura del dólar oficial», afirmó. Y agregó: «El nuevo tipo de cambio oficial liberado está orientado exclusivamente a personas físicas, por lo que no afecta directamente la operatoria de las empresas».

Lejos de la narrativa tradicional que busca culpabilizar a la política monetaria o cambiaria, Farina apuntó a los verdaderos responsables de los altos precios: los impuestos distorsivos y los «costos ocultos» que se acumulan a lo largo de toda la cadena comercial, desde el productor hasta el consumidor. Entre ellos, mencionó seguros obligatorios, aportes sindicales y contribuciones que datan de hace décadas, como el polémico aporte al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP), recientemente eliminado por el Ejecutivo.

En sintonía con estas declaraciones, el subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, Fernando Blanco Muiño, fue categórico: «No hay motivo, ni cambiario ni tributario, que justifique el aumento en las listas de precios que algunos pretenden imponer a los consumidores. En el gobierno de Javier Milei no hay lugar para oportunistas».

ASU también se manifestó en la misma línea, ratificando su compromiso de no convalidar listas con aumentos especulativos:  «Queremos comunicarle a la sociedad nuestro firme propósito de no aceptar listas de precios de nuestros proveedores que contengan aumentos desmedidos y/o especulativos», comunicaron.