Javier Milei continúa con su plan de reducción del Estado, y esta vez el recorte llegó a la industria del cannabis. A través del Decreto 462/25, publicado este martes en el Boletín Oficial, el Gobierno disolvió la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), organismo que había sido creado con el fin de promover y controlar el desarrollo del sector, pero que según el Ejecutivo presentaba una estructura jerárquica “sobredimensionada” y con funciones “superpuestas”.
El documento lleva las firmas del presidente, el ministro de Economía Luis Caputo, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el secretario de Salud Mario Lugones, y argumenta que la agencia representaba un gasto innecesario para el Estado.
Pese a contar con apenas siete empleados, tenía un directorio de cinco miembros, un consejo federal con 25 integrantes y un consejo consultivo de 20 personas, lo que, según la Casa Rosada, derivaba en un presupuesto desproporcionado.
aceite de cannabis medicinal
La ARICCAME había sido creada por la Ley 27.669 para regular el uso de semillas, flores, biomasa y productos derivados de la planta de cannabis, tanto en su vertiente medicinal como industrial. Sin embargo, el Gobierno actual consideró que su marco normativo resultaba ineficiente y confuso.
En ese sentido, el decreto también cuestiona que la ley “no distingue suficientemente entre los distintos usos y productos derivados” de la planta, lo que según el texto “genera obstáculos para el desarrollo de la industria del cáñamo y compromete la competitividad del sector”.
Con la disolución de la agencia, sus funciones pasarán a ser repartidas entre distintas dependencias del Estado. La ANMAT se encargará de todo lo vinculado a los productos medicinales derivados del cannabis, incluyendo el control sobre la importación, exportación, industrialización y comercialización.
cannabis
La Secretaría de Industria y Comercio tomará a su cargo los aspectos industriales del cáñamo, mientras que Agricultura, Ganadería y Pesca se ocupará del manejo y control de semillas.
Además, se implementará un plan especial de registración de semillas para proteger los derechos de propiedad sobre nuevas creaciones fitogenéticas. También se apuntó contra lo que el Gobierno considera una promoción “discrecional” y poco efectiva de la actividad, especialmente en lo que refiere al impulso a cooperativas y pequeños productores, señalando que esos esfuerzos no se tradujeron en un crecimiento real del sector.
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