El cierre de Vialidad Nacional y de la Agencia de Seguridad Vial sigue generando repercusiones y rechazos de varios sectores que abordan las problemáticas viales de las rutas argentinas. “La decisión del gobierno nacional va a traer más muertes y sinestros viales en las rutas”, dijo el referente de la ONG Conduciendo a Conciencia, Diego Molina, en LT8.
Fue el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien anunció el fin de ambas oficinas a principios de julio y la situación en las rutas nacionales es “penosa y muy riesgosa”, sentenció Molina, que no tardó en agregar: “Eliminar a quien se ocupa del mantenimiento de las rutas o a los que trabajan en los controles, capacitaciones e información sobre seguridad vial va a dejar más muertes viales evitables en nuestro país. O sea, el Estado no se está ocupando de sus habitantes”.
Molina detalló que la Agencia Nacional de Seguridad Vial tenía un presupuesto “por fuera del Tesoro Nacional” ya que el 80% de sus ingresos dependía de las primas de los seguros automotores. “No le costaba plata al Estado. Entonces no había una doble administración o cargo, eso es mentira”, fustigó el especialista.
A pesar de ser un ente autárquico, “también lo desmembraron”, agregó Molina. Mientras tanto, en el Congreso de la Nación se está debatiendo con prioridad, pero futuro incierto la llegada de los ATN (Fondo de Aportes del Tesoro Nacional) a las Provincias y “lo único que se sabe es que las rutas están destruidas”, afirmó. Además, puso como ejemplo los tres viajes por semana que realiza por la Ruta 9 desde Buenos Aires hasta Rosario y aseguró que luego de las inundaciones de mayo, donde la trama que conecta las dos ciudades quedó bajo agua, “no se vio una máquina trabajando” para reparar los daños a pesar del cierre de la vía durante 30 días.
Ante la comparación que realizó el presidente Javier Milei con las rutas y vías de países limítrofes, Molina descartó ese paragón y remarcó: “La Argentina tiene miles de kilómetros de rutas que hay que trabajar para llegar a todos lados. Todos los gobiernos tienen presupuestos son limitados y debe haber un plan para genera un proceso y cumplir esos objetivos”.
“Esto tiene que ser un plan permanente porque lo que está en juego es la vida de las personas en las rutas”, reiteró Molina, quien en 2006 vivió de cerca la tragedia del Colegio Ecos en la ruta nacional 11 en Santa Fe, donde falleció su esposa. En esta línea, el integrante de Conduciendo a Conciencia señaló que de 2023 a 2024 se incrementaron un 17% la cantidad de muertes evitables en las rutas, siendo la mayoría de estas víctimas menores de 50 años.
Rutas nacionales destruidasen Santa Fe
En Santa Fe existen actualmente cinco amparos judiciales en marcha para exigir el bacheo urgente de tramos deteriorados de la ruta nacional 33 y la ruta 8. Según indicó, Vialidad Nacional solo actuó en la ruta 7, pero no avanzó con las obras en los demás corredores, motivo por el cual la medida cautelar fue extendida.
El gobierno nacional dio de baja los últimos convenios vigentes para obras de mantenimiento en rutas nacionales que cruzan el sur de Santa Fe, incluyendo el tramo más crítico de la ruta 33, que une Sancti Spíritu con Rosario. La decisión fue formalizada el lunes pasado mediante resoluciones oficiales que además confirmaron el cierre definitivo de Vialidad Nacional, dejando sin efecto licitaciones adjudicadas y compromisos asumidos. Desde el Ministerio de Obras Públicas de la Provincia, la respuesta fue inmediata y enérgica: se repudió lo que se calificó como un “abandono total” por parte del Ejecutivo nacional.
La anulación alcanza también a la ruta 178, entre Las Rosas y el empalme con la 33. Ambas obras ya tenían adjudicatarios confirmados -la UTE compuesta por Edeca S.A. y Rava S.A.- y se encontraban en condiciones administrativas para su inicio. Sin embargo, el gobierno nacional argumentó, con fundamentos considerados “irrisorios” desde el gobierno santafesino, que los plazos habían caducado, y utilizó una cláusula de los pliegos para frenar las ejecuciones sin consecuencias legales.
“La decisión fue intempestiva. No solo desoye fallos judiciales que obligaban a avanzar con las obras, sino que deja sin efecto intervenciones fundamentales en corredores donde se juega la vida de miles de santafesinos”, señalaron desde la cartera que conduce Lisandro Enrico. El tramo de la ruta 33 afectado es uno de los más transitados por vecinos y transportistas del departamento General López, y ha sido escenario de numerosos siniestros fatales. La anulación del contrato cierra la última puerta que quedaba abierta para su mejora.