domingo, 3 agosto, 2025
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Libertad de expresión en la Constituyente: Hay convivencia entre el poder político y el poder de los empresarios de la comunicación

“Pedimos que esta Constitución marque un antes y un después. Que abrace la libertad de información como un bien tutelado por el Estado y como una base fundamental para la democracia”, dijeron los representantes del Sindicato de Prensa Rosario y la Asociación de Prensa de Santa Fe al presentar la propuesta colectiva de reforma al artículo 11. «El problema no es solo a nivel nacional, también el empresariado de prensa es responsable en Rosario», describió Edgardo Carmona, titular del gremio en el sur provincial

Juan Pablo Sarkissian

Y llego el día. El último miércoles 30 de julio comenzó su trabajo la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías de la Reforma Constitucional de Santa Fe.

Más de 40 organizaciones y un amplio abanico de ciudadanos y ciudadanas, de manera particular, presentaron proyecto, propuestas y sugerencias para incorporar a la nueva Constitución provincial.

En un marco febril, la Legislatura se agitó, y así continuara, ya hay cerca de 1000 proyectos presentados.

Uno de los proyectos que más atención atrajo fue la presentación de la Propuesta para incluir los derechos de expresión y a la información en la nueva Constitución provincial.

En concreto se refiere a la reformulación del Articulo 11.

La elaboración del texto, desde el comienzo, es novedoso.

Por iniciativa del Sindicato de Prensa Rosario (SPR) y la Asociación de Prensa de Santa Fe (APSF), se convocó a la Escuela de Comunicación Social de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), al Foro Argentino de Radios Comunitarias (Farco) y los Institutos; Superior de educación técnica N°18 (Iset 18) y de Periodismo Rosario (IPR).

La nutrida delegación fue representada en el recinto por Pablo Jiménez (APSF) y Florencia Sanjulián y Edgardo Carmona (SPR).

La ponencia la abrió Jiménez quien sostuvo que el Estado debe garantizar el funcionamiento de los medios públicos y de los medios cooperativos, comunitarios y autogestionados.

“Sin ellos no hay democracia informativa, se vulnera la pluralidad de voces”, remarcó.

A su turno, Sanjulián, puntualizó la necesidad de garantizar el secreto de la fuente de información periodística.

Y agregó: “También debe estar reflejado el acceso a la información pública para todos los ciudadanos y ciudadanas. Para el periodismo es una herramienta de trabajo. Este acceso debe ser amplio, rápido, irrestricto y accesible”.

El cierre estuvo a cargo de Carmona quien reclamó la democratización de la pauta publicitaria estatal.

Y disparó: “Los periodistas la estamos pasando mal, por eso estamos acá. Queremos hacer periodismo de calidad”.

Y agregó: “No se puede construir una democracia con un gobierno nacional que judicializa la crítica, que nos amenaza y que promueve el odio hacia los periodistas. ¿Con qué fin hay que odiarnos más?”.

En relación con la pauta publicitaria oficial planteó: “Es sorprendente que ningún partido haya incluido este tema en sus propuestas”.

Y agregó: “Pero el problema no es solo a nivel nacional, también el empresariado de prensa es responsable en Rosario, hay convivencia entre el poder político y el poder de los empresarios de la comunicación”.

“No se puede trabajar libremente. No podemos estar atados a la pauta publicitaria, esto genera temor, miedo. Y con mucha sorpresa, veo que ningún partido político presento en sus propuestas que la pauta oficial debe estar establecida por ley, que debe ser distribuida democrática y federalmente, y debe atender a la necesidad de todos los participantes de la comunicación porque la pauta no se democratiza, ¿?¿porque es el resorte de extorsión para los periodistas?, pregunto. La información debe fluir de forma horizontal, veraz, plural y federal”, apuntó.

Para el final remarcó el rol de estado y la responsabilidad social de las empresas periodísticas y disparó: “Pedimos que esta Constitución marque un antes y un después. Que abrace la libertad de información como un bien tutelado por el Estado y como una base fundamental para la democracia”.

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