El abogado José Fernández Codazzi, de polémica intervención en la investigación judicial por la sustracción del pequeño Loan Danilo Peña, quedó a un paso de ser juzgado por apropiarse de fondos correspondientes a los trámites que realizaban los usuarios del Registro de la Propiedad Automotor de Esquina, Corrientes.
Esta semana, la Cámara Federal de Apelaciones correntina confirmó su procesamiento por el delito de peculado, presuntamente cometido en 2018, cuando el acusado como interventor de la de dicho organismo.
En noviembre de ese año, Codazzi fue removido del cargo luego de que se detectó una serie de irregularidades, entre ellas, no haber tramitado 425 formularios 13D, pese a que los usuarios del registro habían abonado el arancel correspondiente para saber si el vehículo a transferir registraba deudas por infracciones de tránsito o patente.
La denuncia fue realizada el 7 de noviembre de 2018 por funcionarios de la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios, cuyos asesores legales habían llevado a cabo una auditoría el 8 de mayo de ese año en la que se advirtieron las irregularidades.
Los denunciantes relataron que, mediante el cotejo del Sistema “Sura”, se estableció que durante 2018 ingresaron 465 trámites a los que había que asignarles un formulario “13D” de infracciones y la respectiva consulta de cada uno de ellos en el Sistema “Sugit”.
Del entrecruzamiento de datos con el Resumen de Cuenta de Operaciones Realizadas en el mencionado sistema surgió que que el Registro Seccional bajo la dirección de Fernández Codazzi no habría asignado el correspondiente formulario en 425 trámites, a pesar de que dicho formulario había sido abonado por los usuarios particulares en los 465 trámites ingresados.
En qué consiste el peculado
En el futuro juicio, el abogado Fernández Codazzi enfrentará cargos por «peculado», un delito que ocurre cuando un funcionario público sustrae caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo.
La causa quedó radicada en el Juzgado Federal de Goya, que recién llamó a indagatoria al imputado el 10 de mayo de 2023, aunque en esa oportunidad lo acusó de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
Por su parte, la defensa pidió el cierre del expediente por considerar que para ese entonces ya habían prescripto esos delitos, cuya pena máxima es de dos años.
A instancias de la fiscalía, la jueza Cristina Pozzer Penzo -la misma que investiga el Caso Loan- amplió la imputación, sumándole el peculado y rechazó la prescripción al sostener que existía un concurso real de esos delitos.
En tanto, la Cámara Federal desestimó ese concurso y sostuvo que se trataron de hechos independientes. Es por eso que consideró prescripta la acción penal por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, pero mantuvo la de peculado.
Los camaristas Ramón González, Selva Spessot y Mirta Sotelo concluyeron que era correcta la ampliación de la indagatoria a Fernández Codazzi realizada el 22 de octubre de 2024 y que se trata de “la única acción penal que permanece vigente al día de la fecha”.
A su vez, la Cámara tomó en cuenta que el propio Fernández Codazzi habría admitido en el sumario administrativo “la comisión de ciertas irregularidades” durante su gestión.
También valoró que a la Dirección General de Rentas de Corrientes el interventor adeudaba el Impuesto a los Sellos, además de haber incurrido en presentaciones fuera de término.
Cuánto tenía que pagar
El sucesor de Fernández Codazzi en el registro fue Hugo Vesque, quien detalló que la deuda con el fisco ascendía a 591.302,08 pesos al 12 de noviembre de 2018, en concepto de retenciones de Impuesto a los Sellos, sin considerar las multas e intereses.
Para los jueces esto “permite presumir que ello se vincularía con la sustracción del pago de los aranceles por parte de los particulares en los trámites iniciados ante el organismo del cual el imputado era titular, sin que se le asignaran los formularios ´13D´ y sin que dicho dinero ingresara a la administración pública como correspondía”.
Pero esa no fue la única deuda que dejó Fernández Codazzi. Según Vesque, también había una cuenta impaga con el Correo Argentino y otra por las cédulas de identificación de los vehículos transferidos en ese Registro.
Fernández Codazzi, quien no respondió a las consultas de Clarín, tuvo un polémico desempeño en la causa por la desaparición de Loan, el niño que fue visto por última vez el 14 de junio de 2024, en el paraje El Algarrobal, en 9 de Julio, Corrientes.
El abogado, en su rol de defensor de Laudelina Peña (46), trasladó a la tía del nene desde 9 de Julio hasta una fiscalía de la ciudad de Corrientes para que contara que el pequeño había sido chocado por la Ford Ranger del ex marino Carlos Guido Pérez (63) y su esposa, María Victoria Caillava (53), cuando se retiraban de la casa de la abuela de la víctima, Catalina Peña (84), tras compartir un almuerzo en honor a San Antonio.
Laudelina liego lo denunció de haberla amenazado y sobornado para que plantara esa hipótesis, tras lo cual Codazzi dejó la defensa de la mujer.
Tanto la tía de Loan, como Pérez y Caillava serán sometidos a juicio por la sustracción y ocultamiento del nene junto a Bernardino Antonio Benítez (38); Daniel Oscar «Fierrito» Ramírez (50) y su mujer Mónica del Carmen Millapi (36), y el comisario Walter Adrián Maciel (44).
A su vez, otras diez personas serán juzgadas por sus presuntas maniobras para desviar la investigación principal haciéndose pasar por miembros de la Fundación Lucio Dupuy.
Por otro lado, en noviembre de 2024, Codazzi se sumó a la defensa de Leonardo Cositorto durante el juicio oral a los integrantes de Generación Zoe en Goya.
AA