El importante logro del equilibrio fiscal ha sido el eje para doblegar la inflación, pero ha requerido sacrificar o postergar otros objetivos. Entre ellos, la inversión en infraestructura, que antes estaba sujeta en gran medida a la aplicación de fondos públicos. La visualización del deterioro ha sido más notoria en caminos y ferrocarriles, que son las áreas en las que la mayor cantidad de concesiones revirtieron al Estado. Los primeros veinte meses de gestión del actual gobierno transcurrieron bajo la consigna de que no habrá obra pública. Más precisamente, se ha querido significar que no hay fondos presupuestarios para inversiones en infraestructura y que deberá ser el sector privado el que los provea. Por ahora, esto prácticamente no ha ocurrido.
La claridad con que se definió el no uso de fondos públicos contrastó con la dificultad para captar capitales privados cuando todavía la percepción del riesgo país no se ha reducido lo suficiente.
El fracaso de la primera licitación para reconcesionar la hidrovía y las sospechas de que estaba digitada se produjeron por deficiencias en el llamado, que se hubieran podido evitar con una mejor planificación y análisis. La licitación de los corredores viales se demoró, mientras el deterioro de varias rutas importantes ha despertado las quejas de usuarios y productores. Urge ahora poner en marcha las privatizaciones y concesiones para superar el deterioro y recuperar las capacidades en todas las áreas de la infraestructura.
Hay dos condiciones principales en este proceso. La primera es el menor uso posible de fondos presupuestarios. La segunda es que preferiblemente sean los propios usuarios o los beneficiarios directos los que, a través de peajes o de tarifas, aporten los fondos requeridos. La identificación de estos usuarios es perfectamente posible en gran parte de las áreas de infraestructura. Por ejemplo, la transmisión y distribución eléctrica; el transporte de hidrocarburos; las telecomunicaciones; el uso del espectro radioeléctrico; los caminos y autopistas; los aeropuertos; los puertos y el dragado y balizamiento de las vías navegables; la provisión de agua potable y cloacas. Debe reconocerse, sin embargo, que la identificación de los usuarios no siempre es condición suficiente para lograr una financiación exclusivamente privada. Hay inversiones que no logran generar ingresos directos suficientes para recuperar el capital, pero producen economías externas o indirectas que, sumadas a las directas, las justifican plenamente. Es el caso de que existan importantes beneficios ambientales, se logre conectividad de comunidades aisladas o conexiones internacionales estratégicas. En estos ejemplos, la participación público-privada y la aplicación complementaria de fondos presupuestarios están justificadas, aunque siempre a través de mecanismos competitivos de adjudicación y con operación privada. Entran también en este caso los caminos rurales de bajo tráfico.
La obra pública, con la utilización plena de fondos presupuestarios o de impuestos con asignación específica, queda para las áreas de defensa, edificios administrativos, calles urbanas, alumbrado, drenaje, policía y en general servicios con beneficios sociales o comunitarios. En estos casos, el uso de fondos públicos no excluye la administración privada. Hay experiencia en la concesión de cárceles con inversión retribuida según servicios medibles.
Una gran parte de la inversión en infraestructura, sea privada o estatal, no surge en forma espontánea de señales de mercado y, aunque las hubiera, incide en otras actividades o derechos de propiedad de terceros. Es el caso de la expropiación de terrenos y edificaciones para permitir un nuevo camino o un aeropuerto, o el derecho de paso de un oleoducto. También debe tenerse en cuenta que la figura del monopolio natural o técnico se presenta en diversos servicios públicos e infraestructuras.
La intervención pública resulta necesaria, pero debe estar enmarcada en una planificación ordenada. No hay en esto una cuestión ideológica, sino de sentido común. Habrá que tomar nota de las experiencias buenas y malas de las privatizaciones anteriores. Si bien la inflación está en vías de doblegarse, deberán introducirse cláusulas de ajuste con sólido respaldo jurídico cuando los precios o tarifas sean regulados. Deberán procurarse plena competencia y transparencia en los concursos y licitaciones.
La aceleración y el éxito de las privatizaciones requieren consolidar la seguridad jurídica y disipar del horizonte la posibilidad del retorno del kirchnerismo. El resultado de las próximas elecciones legislativas desempeñará un papel importante en esta cuestión.