Ley de emergencia en discapacidad: los cambios en pensiones y pagos a prestadores
Luego de un intenso debate, el Senado dejó firme la ley de emergencia en materia de Discapacidad y dejó sin efecto el veto del Presidente
04/09/2025 – 19:44hs
La ley de emergencia en discapacidad, la cual fue ratificada hoy por el Senado Nacional, marca una actualización y cancelación de deudas con los prestadores de la salud, y un nuevo mecanismo para ajustar las pensiones no contributivas por discapacidad.
Los principales puntos que establece la ley de emergencia en discapacidad
Los principales puntos de la ley que establece la emergencia en discapacidad son los siguientes:
- Se establece que la emergencia en materia de discapacidad hasta el 31 de diciembre del 2026
- La presente ley es de orden público y rige en todo el territorio nacional
- Se establece una actualización las prestaciones para compensar la diferencia entre los valores actuales y la inflación desde el 2023 a la fecha
- Se deberá saldar la deuda con los prestadores y actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas, de acuerdo a los índices de la inflación que informa el INDEC
- Las pensiones no contributivas serán equivalentes al 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio
- Las personas que cobran este beneficio podrán trabajar mientras que no supere los dos salarios mínimos
- El Poder Ejecutivo Nacional deberá financiar con recursos del Tesoro nacional una compensación de emergencia a los prestadores
- La oficina de Presupuesto del Congreso determinó que el impacto fiscal por el aumento de las pensiones significa un refuerzo fiscal de 1.889.371 millones de pesos y 3,627.495 millones
- La diferencia del impacto fiscal se debe al número de beneficiarios «por nuevas altas entre 493 mil y 946 mil personas, según distintos escenarios» que podrían suceder con la nueva ley., sostuvo la OPC
- La Agencia Nacional de Discapacidad realizará una auditoria con el objeto de realizar una evaluación justa, transparente, basada en criterios de salud y en un análisis integral de la situación socioeconómica de los beneficiarios.
- El procedimiento de auditoría deberá* garantizar notificaciones fehacientes y el debido proceso inclusivo, que aseguren la plena participación, y el acceso claro a la información
- Los empleadores que tomen trabajadores con certificados de discapacidad por tiempo indeterminado serán eximidos del pago del cincuenta por ciento (50%) de las contribuciones patronales y a las cajas de jubilaciones por tres años
El Senado ratificó la ley de discapacidad: qué hará Javier Milei
Ahora Milei queda atado de manos frente al rechazo. Cuando el Congreso insiste en una ley que ya fue vetada, el Poder Ejecutivo no tiene más opción que promulgarla. Todas las instancias quedan agotadas. El Gobierno evalúa recurrir a la Justicia, aunque con un escenario incierto.
El Presidente ya había adelantado el mes pasado que si el Congreso le rechazaba un veto judicializaría el tema para que la ley en cuestión no tenga «efecto ni en el gasto público ni en la cantidad de dinero». Según el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la declaración de emergencia en discapacidad tiene un impacto de entre el 0,22% y el 0,42% del PBI.
Sin embargo, durante el transcurso del debate, algunos de los senadores más dialoguistas deslizaron la sugerencia al Gobierno de no tomar la vía judicial. En tanto, los más confrontativos como José Mayans, jefe de la bancada Unión por la Patria, lo desafiaron: «Quiero ver que se anime. Si hace eso creo que se caga, directamente. No creo que sea tan estúpido», lanzó el formoseño.
La intención de Milei es clara, pero se abre ahora un margen de duda. No obstante, el impacto de la nueva derrota parlamentaria que sufriría Milei trasciende el aspecto fiscal porque exhibe como nunca la debilidad política que padece al oficialismo hace varias semanas: es la primera vez que no consiguen sostener un veto en el Congreso.
A ello se le suma el volumen histórico del revés que le propina el Senado, dado será la primera vez en 22 años que el Congreso desactiva un veto presidencial. La última fue en 2003 y ni siquiera fue un veto total, sino uno parcial, sobre el Presupuesto de ese año.
Además, la insistencia en esta ley mantiene en el centro del debate público el escándalo sobre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que se destapó con los audios de Diego Spagnuolo, extitular de esa dependencia que reveló un presunto esquema de cobro de coimas en la compra de medicamentos y contratación de servicios en el área.
Justo en momentos en que el Gobierno busca correr el foco para minimizar el impacto del caso en las elecciones bonaerenses del domingo y en las nacionales de octubre, el debate de los senadores estuvo atravesado por este caso y unificó todavía más a los distintos sectores de la oposición para rechazar al veto sin importar lo que intente hace el Ejecutivo después.