La premisa inicial con la que se abrió el expediente penal en el llamado escándalo de los audios sostenía la posible existencia de una mecánica de recaudación: la droguería Suizo Argentina sería canal obligado para materializar pagos ilegales y del otro lado del mostrador, funcionarios de Agencia de Discapacidad (ANDIS). Con el avance de la investigación, el fiscal Franco Picardi amplió el objeto procesal: habla de la voluntad de integrantes del gabinete de participar de la maniobra delictiva, de un “fraude en perjuicio del Estado” y daño a los “beneficiarios de políticas públicas de discapacidad”. No se circunscribe sólo a la empresa de los Kovalivker, investiga el rol “de las droguerías”.
El jueves venció el secreto de sumario y las partes pudieron acceder a lo que se fue incorporando como prueba -a lo largo de estos veinte días hábiles-, en la causa que más inquieta a la Casa Rosada. Con un objeto procesal más amplio, la justicia federal penal busca determinar si se montó una estructura de presuntos sobornos.
En otras palabras, el objeto procesal de la investigación al comienzo del caso, cuando tomaron estado público las grabaciones de Diego Spagnuolo (ex titular de la ANDIS) en las que hablaba de coimas, se circunscribió a determinar si existieron pagos indebidos que vinculen a la Administración Pública y a la droguería Suizo Argentina “relacionados a mantener, sostener o promover determinadas concesiones a dicha empresa privada para comercializar medicamentos”.
Picardi buscó comprobar la autenticidad y la veracidad de los dichos de Spagnuolo grabados por un desconocido, en los cuales hacía mención a supuestos sobornos que habían subido «del 5% al 8%». En una serie de allanamientos a dos sedes de la ANDIS, la droguería y los domicilios del ex titular del organismo, de su segundo Daniel Garbellini y de los dueños de la Suizo Argentina -Emmanuel y Jonathan Kovalivker-, el fiscal pidió para todos ellos el levantamiento del secreto fiscal y bancario, como también la extracción forense de cinco celulares. Aún se mantiene secuestrado dinero obtenido en diversos operativos, incluso los U$S 80 mil dólares que Spagnuolo conservaba en una caja de seguridad sin declarar.
Con el devenir de la investigación, ese objeto procesal referido al supuesto circuito de coimas se amplió, según el dictamen al que accedió Clarín.
Ahora la fiscalía determinó que la plataforma fáctica del caso, por el momento, “se circunscribe a la investigación de posibles maniobras de corrupción pública desplegadas en el seno de la Agencia Nacional de Discapacidad desde diciembre del 2023 a agosto del 2025”. En esta ocasión fijaron una ventana temporal: la gestión del presidente Javier Milei.
Picardi se concentra en la “determinación de las características” de la maniobra. Esto es: “el conocimiento respecto de su entramado y la identificación de sus responsables”.
En efecto, expresó el representante del Ministerio Público Fiscal, “estos sucesos habrían ocasionado un perjuicio patrimonial al Estado Nacional, y en particular, a los destinatarios de las políticas públicas de discapacidad”.
Al respecto, parte de dicho esquema estaría dado por el rol que le cupo a Droguería Suizo Argentina, pero la investigación ya no apunta únicamente a la compañía de la familia Kovalivker, sino que habla de “otras droguerías” que habrían participado “en la recaudación o erogación de pagos indebidos, destinados a funcionarios públicos del Gobierno Nacional”.
¿Cómo fue el circuito? Para la fiscalía surge a raíz de la “participación en procesos de compra o adquisiciones realizadas por ANDIS de forma irregular, con el involucramiento intencionado de funcionarios públicos”. Es allí donde habla de más de una droguería que podría estar involucrada.
En el programa Incluir Salud de la ANDIS, el más importante para la provisión de medicamentos, intervienen 58 droguerías. El 22% de la compras se concentra en Suizo Argentina y el porcentaje restante se distribuye en las demás que, en simultáneo, intervienen en otras compras de la Agencia que dirigía Diego Spagnuolo.
La fiscalía amplió el objeto procesal en parte, junto a otras medidas de prueba, por la declaración testimonial del consultor Fernando Cerimedo. Según sus dichos, Spagnuolo le contó, cuando asumió en la ANDIS “que le habían puesto a alguien en el programa incluir salud no le habían dejado poner a nadie de su confianza. esta persona era (Daniel) Garbellini, supuestamente, según él, era de la Suizo”.
El relato continuó: “A principios de mayo del 2024, me cuenta que en enero de ese año se juntó con todas las droguerías para comunicar el nuevo sistema de cotizaciones (…) una de esas droguerías -sin que me diga cuál de ellas- le dijo que los había llamado la suizo s.a. para decirles: ‘ahora no es el 5, es el 8, porque el 3 va directo a rosada’. y, además, esta droguería le menciona que todo esto lo gestiona Lule Menem”.
El asesor digital del gobierno Fernando Cerimedo contó ante el fiscal que Spagnuolo le relató que “no podía hacer nada que le habían bajado línea que no se meta”.
¿El presunto circuito incluía a más droguerías dispuestas a pagar una coima? Es la pregunta que busca responder la fiscalía.
La ANDIS es un organismo descentralizado en la órbita del Ministerio de Salud de la Nación. Esta repartición, tiene como misión la coordinación y la ejecución general de las políticas públicas en materia de discapacidad, la elaboración y ejecución de acciones tendientes a promover el pleno ejercicio de los derechos de las personas en situación de discapacidad y la conducción del proceso de otorgamiento de las pensiones por invalidez y las emergentes de las Leyes N° 25.869 y N° 26.928 en todo el territorio nacional, entre otras.
De este modo, y en lo que aquí interesa, escribió el fiscal Picardi, “los audios mencionados, luego replicados y difundidos por distintos medios de comunicación, darían cuenta del conocimiento de Diego Spagnuolo acerca de la posible existencia de un entramado de corrupción vinculado a las adquisiciones y contrataciones que realiza la ANDIS”.