Un hombre de 25 años quedó detenido en prisión preventiva por 150 días imputado por explotación laboral y reducción a la servidumbre de 45 personas en el centro de la provincia de Santa Fe. Según expuso la fiscalía, el acusado aprovechaba la situación de vulnerabilidad del grupo de trabajadores para cultivar un campo de frutillas.
Uno de los trabajadores explotados se acercó a la Unidad Fiscal de Santa Fe para radicar la denuncia contra el responsable del establecimiento rural en Arroyo Leyes donde se cultivaba frutillas. El grupo de trabajadores, que entre sus integrantes había dos menores de edad, había recibido una oferta laboral falsa, le descontaban la comida del día y debía dormir en condiciones precarias, en camas hechas con cajones y pallets de madera.
Al hallar al grupo de personas, en su mayoría oriundas de Chaco, se detectaron indicadores de vulnerabilidad social y laboral: sometimiento a extensas jornadas laborales que comenzaban de madrugada y terminaban por la noche; algunos vivían en galpones de chapa con piso de tierra; dormían en camas hechas de cajones; no tenían acceso a agua potable ni a sanitarios y recibían linternas para continuar con su tarea por la noche.
El acusado, identificado como F.P., de 25 años, dirigía el campo ubicado en el kilómetro 17,5 de la ruta provincial Nº 1 en Arroyo Leyes, una localidad ubicada a 23 kilómetros de la capital santafesina.
Una situación extrema
Las declaraciones de los damnificados dejaron en evidencia que ninguno contaba con experiencia laboral ni estudios básicos y que llegaban de otras localidades y provincias. También que la mayoría de los hombres eran jefes de familia y que “trabajaban desde las 2 o 3 de la mañana, lo cual se notó al momento del allanamiento a las 9 de la mañana, cuando ya estaban cansados por el trabajo nocturno y las jornadas extensas”, remarcó la fiscal.
Durante la audiencia, expuso audios, recibos, planillas, transcripciones de llamadas, vistas fotográficas, efectos secuestrados e informes de organismos oficiales para describir las condiciones inhumanas y el esquema de explotación, captación y recibimiento que configuró el imputado, incluso a través del pago de pasajes a los trabajadores desde una plataforma virtual.
Los fiscales se encontraron con camas hechas con pallets, baños improvisados, cargaban agua de pozo en bidones de agroquímicos de los que bebían, utilizaban para lavar y bañarse, garrafas de gas e instalaciones eléctricas a la vista, y vivían en condiciones de cuasi esclavitud y hacinamiento. “Existen elementos objetivos suficientes para probar un obrar organizado de parte de P. que incluye la captación de personas en situación de vulnerabilidad, el mantenimiento en condiciones de reducción a la servidumbre con la finalidad de realizar una explotación agrícola que le reditúa significativas ganancias económicas”, sintetizó Traverso.
La fiscal consideró probado el delito endilgado en virtud de diferentes constataciones, ya que el circulo económico de la explotación se cerraba con la comercialización del producto del trabajo de las víctimas (se incautaron recibos a nombre F.P. con diferentes sumas) en el Mercado Central de la ciudad de Santa Fe.
Acusación e imputación de la Fiscalia
F.P. quedó imputado como autor del delito de trata de personas con la finalidad de reducción a servidumbre. Además, la caratula del delito es agravado debido a que se trata de un grupo de más de tres personas, que este grupo atravesaba una situación de vulnerabilidad y por la consumación del hecho. En cuanto a las dos personas menores de edad, agravaron la situación del imputado. Todo de acuerdo con lo previsto en los artículos 145 del Código Penal, y 2° de la ley 26.634 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas.
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La imputación fue formulada por el fiscal federal Walter Rodríguez, cotitular del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Santa Fe, y la fiscal coadyuvante Milagros Traverso, en una audiencia de formalización de la investigación penal realizada 4 de octubre pasado ante el juez de Garantías de Rosario, Eduardo Rodrigues Da Cruz.
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La fiscal Traverso le atribuyó a F.P. “haber captado, trasladado, recibido y acogido a por lo menos 45 personas, entre ellas dos menores, abusado de su situación de vulnerabilidad, con la finalidad de reducción a servidumbre”, durante cuatro meses y hasta el 1º de octubre cuando un trabajador denunció la situación y se realizó un allanamiento en el lugar.
Por su parte, el fiscal Rodríguez analizó el contexto social y de vulnerabilidad de las víctimas: “En el allanamiento nos encontramos con 42 personas, ya que otras tres se retiraron ante el procedimiento, y la situación se verificó en estado de flagrancia. El factor gravoso se da por el número significativo de víctimas, lo cual demuestra una afectación concreta del bien jurídico protegido por la norma”.
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El trabajador de la Justicia afirmó que “desde la perspectiva de la dignidad humana, en términos colectivos y de las condiciones relativas a la vivienda y al lugar, la conducta del imputado afectó múltiples derechos, las condiciones de trabajo, la salud e integridad física”. Además, consideró que “las víctimas vivían en un contexto de clandestinidad”.
Según Rodríguez, el caso tuvo “un impacto interprovincial por el alejamiento de las víctimas de su lugar de origen, en situación de vulnerabilidad social, bajo pobreza extrema”.
Qué dispuso el juez
El pasado 7 de octubre, el juez Rodrigues Da Cruz resolvió que el imputado debía atravesar 150 días de prisión preventiva y le otorgó a la fiscalía 90 días hábiles para ampliar y completar la investigación.
Además, los fiscales solicitaron, y tuvieron la autorización, para extraer información de siete teléfonos celulares, una computadora y un DVR con grabaciones de cámara de seguridad, elementos secuestrados en el allanamiento. También se dictó el secuestro preventivo de una camioneta Volkswagen Amarok.
En la pesquisa, también se encontraron 12 armas de fuego de distintos calibres, 250 municiones y 21 gramos de marihuana, todo en poder de F.P. y por lo cual el juez se declaró en incompetencia parcial. Ante esto, ordenó la intervención del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe.
La denuncia
Uno de los trabajadores, nacido en Chaco, denunció la explotación laboral el pasado 17 de septiembre. En ese momento, intervino la Agencia de Investigación sobre Trata de Personas y Violencia de Genero de la Policía de Santa Fe.
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El denunciante relató que había ido al campo de frutillas en Arroyo Leyes para trabajar junto con otros dos amigos. Llegaron allí luego de contactarse con F.P., quien pagó los pasajes y se comprometió a abonarle 1.000 pesos por cada cajón cosechado. Sin embargo, al momento de recibir la paga el monto fue un 40% menor y le descontaban la comida que obtenían de un almacén lindero, que pertenecía a un allegado al dueño.
El relato del trabajador chaqueño continuó y expuso las condiciones precarias en las que eran alojados. Contó que dormían en camas hechas con cajones de verduras, dentro de un galpón de chapa y piso de tierra.
Además, denunció la falta de agua potable (tomaban agua de pozo) y de baño. Para higienizarse debían introducirse al monte, en el mismo lugar donde orinaban o defecaban.
Sin horarios fijos, el grupo de trabajadores explotados comenzaba con sus tareas a las 3 de la mañana. La jornada terminaba de noche, siempre acompañados por linternas.
Por otro lado, el dueño del campo, el encargado y los capataces maltrataban a los trabajadores con gritos, insultos y empujones. Precisamente, tras una discusión con sus superiores, el denunciante decidió acudir a la Justicia.
Intervención judicial
Tras dejar asentado el caso de explotación, intervino la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), a cargo de la fiscal federal Alejandra Mángano y el fiscal general Marcelo Colombo; el Programa Nacional de Rescate de Personas del Ministerio de Justicia de la Nación; el Programa Provincial de Lucha Contra la Trata de Personas de la Secretaria de Derechos Humanos de Santa Fe, el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) y la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre).
El 1º de octubre se realizó el allanamiento en el predio. Las autoridades de la Justicia esperaban encontrarse con alrededor de 20 personas, pero resultaron ser 42, dos de ellas de 16 y 17 años.
Todas las personas fueron entrevistadas y quedaron a resguardo del personal del Área de Atención y Acompañamiento de Víctimas de la Unidad Fiscal Santa Fe.