El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, procesó a Jorge D’Onofrio, ex ministro de Transporte bonaerense, por presunto lavado de activos de origen ilícito. Además, el magistrado ordenó un embargo por $350 millones.
La medida que se conoció este jueves incluyó a Facundo Asensio, ex director de Fiscalización y Control de la Dirección Provincial de Verificación Técnica Vehicular, con un embargo de $300 millones. Ambos continuarán en libertad y mantienen la inhibición general de bienes dispuesta en marzo de 2025.
La denominada «megacausa» derivada de maniobras en el cobro de fotomultas que tiene como principal apuntado al dirigente massista ex ministro de Axel Kicillof mantiene dos expedientes paralelos que investigan delitos diferentes en tribunales distintos. Una, en el fuero federal por lavado de activos y otra por asociacion ilícita y otros delitos en los Tribunales penales de La Plata.
La investigación se inició el 5 de septiembre de 2024, luego de una denuncia que señalaba a D’Onofrio y a la concejal de Pilar, Claudia Pombo, de liderar una estructura criminal destinada a sustraer fondos de las multas de tránsito y la VTV en la provincia de Buenos Aires. Los fondos se habrían invertido en bienes muebles e inmuebles mediante prestanombres o interpuestas personas.
Uno de los casos clave involucró la compra de una Audi Q8 a nombre de Asensio por $30 millones, aunque el seguro del vehículo alcanzaba los $173,8 millones. La investigación concluyó que D’Onofrio ejercía el dominio real del vehículo, utilizando a Asensio como testaferro.
Para el juez, Asensio actuó como «interpuesto registral», o sea, testaferro. Ocultaba la verdadera titularidad del vehículo, “configurando un típico esquema de disimulación patrimonial propio de maniobras de lavado de activos”, según se desprende de la resolución.
En fuentes con acceso a la causa explicaron que «es muy poca la evidencia. Apenas un auto que se decía que era de uno y lo usaba otro». Pero el magistrado encontró «inconsistencias» en las declaraciones de ambos y dispuso los procesamientos.
Por cuerda separada, en un juzgado provincial de La Plata se intentará determinar la existencia de una red de gestores que ofrecían descuentos de hasta el 50% para hacer desaparecer las infracciones. La maniobra habría comenzado en enero de 2022, cuando D’Onofrio asumió en el gabinete de Axel Kicillof.
En este expediente también se investigan irregularidades en la adjudicación de las negocios vinculados con la Verificación Técnica Vehicular (VTV): las concesionarias tuvieron que contratar a la empresa “Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA,” encargada de conceder los turnos. Entre los socios de esa firma había personas ligadas a D’Onofrio, el ministerio y el Frente Renovador (partido de Sergio Massa al que respondía el funcionario).
La instrucción esta a cargo de Álvaro Garganta y el juez interviniente es Juan Pablo Massi. Hace unos días ingresó un escrito de la socia de uno de los empresarios cuestionados (el dueño de Secutrans, una de las empresas que operaban las fotomultas) para solicitar que «no se adopten medidas sin su consentimiento» y planteó un «vaciamiento de la empresa de la que era integrante».
En el fuero provincial a D’Onofrio le imputan por enriquecimiento ilícito, defraudación al Estado y asociación ilícita.
Como quedó expuesto con el procesamiento, la otra pata de la investigación está en el fuero federal (Juzgado de Campana), a cargo de González Charvay, quien busca establecer si se cometió el delito de lavado de activos. Por eso, en poco más de dos años acumula información sobre el patrimonio de D’Onofrio y personas allegadas. Y solicitó datos a España a través de la Unidad de Información Financiera (UIF).
González Charvay entiende que las maniobras con las fotomultas constituyen el «delito precedente» que requiere la configuración del lavado de activos. «Un sustento relevante a la hipótesis de que los fondos empleados en la adquisición del vehículo provendrían de ilícitos contra la administración pública», sostiene el juez de Campana.
D’Onofrio fue relevado de su cargo por este escándalo. El 30 de diciembre de 2024, Kicillof aceptó su renuncia por «motivos personales». Y puso en su lugar a otro dirigente vinculado con el Frente Renovador de Sergio Massa: Martín Marinucci.
En Buenos Aires, una infracción por exceso de velocidad puede condenar al dueño del auto a pagar hasta 720.000 pesos. Según datos oficiales, a fines de 2024 había más de 50 mil actas labradas que estaban para cobrar. Esa es la «producción» de casi un año de operación de los cinemómetros y la maniobra para «descontar» la mitad o el 25% de ese valor era lo que está en análisis de la Justicia.
DS