Inquietos por el ritmo febril que el gobierno nacional le puso a la caza de votos a favor del proyecto de reforma laboral, que contrasta con cierta parsimonia opositora, un núcleo de sindicatos importantes enrolados en la CGT se reunió para apurar un plan de acción. En la sede de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), representantes de 25 organizaciones gremiales debatieron una estrategia.
Lo primero fue mandarle un mensaje a los gobernadores que por estas horas negocian apoyos al Ejecutivo a cambio de recursos. “No pueden negociar exclusivamente en base a sus intereses locales, llevándose puestos los derechos de todos los trabajadores”, advirtieron.
Durante el encuentro realizado el miércoles, los dirigentes manifestaron su respaldo a las gestiones de los co-secretarios generales de la Confederación General del Trabajo (CGT) y subrayaron la necesidad de enfrentar el avance sobre los derechos laborales desde tres frentes simultáneos: el jurídico, el legislativo y el diálogo político.
“Queremos aportar ideas y unir esfuerzos para que las estrategias nos encuentren de pie y en lucha, con unidad y propuestas concretas”, expresaron los participantes de la convocatoria, encabezada por Abel Furlán, secretario general de la UOM.
En sintonía se expresaron los referentes sindicales que participaron de la reunión. Hubo, entre otros, representantes de la industria, transporte, servicios, fluvial, aeronáuticos, ferroviarios, aceiteros, viales, mineros, remiseros, molineros, personal superior de energía, gráficos, industria del hielo, pilotos y capitanes de ultramar.
Si la declaración final es conciliadora, los debates que la precedieron no. Campeó en ellos la inquietud, cuando no el fastidio, por la tranquilidad con la que la cúpula cegetista se está tomando el raid oficialista para juntar voluntades entre gobernadores y legisladores, proponiendo canjes que en ningún caso involucran la preservación de los derechos establecidos en la ley de contrato de trabajo.
Movilización, plan de lucha y huelga circularon como alternativas casi excluyentes para frenar un proyecto que ven como la “estocada final” para enviar al movimiento obrero a los niveles de indefensión de la mayoría de los países latinoamericanos.
La patronal política
“La flexibilización laboral está diseñada para facilitar despidos en grandes empresas y profundizar la destrucción del sistema productivo argentino”, advirtió Daniel Yofra, secretario general de la federación nacional de trabajadores del complejo oleaginoso, quien se mostró escéptico con la táctica de limitar la disputa al terreno legislativo.
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Daniel Yofra, titular de la federación de trabajadores aceiteros.
“Los políticos que tienen tomar la decisión no trabajaron bajo patrón, cuando no son directamente patrones o piensan como ellos”, sentenció. Recordó que la ley Bases, que incluyó una durísima reforma laboral, fue aprobada cuando el oficialismo era franca minoría. “¿Qué se puede esperar ahora?”, se preguntó.
Los gobernadores quedaron en la mira. La conducción cegetista anuncio que iniciaría una ronda de contactos con ellos para cerrar filas en la negativa al proyecto oficialista. Pero poco y nada se conoce de esas gestiones, si es que se hicieron. Lo que sí es público es el festival de fotos del ministro del Interior, Diego Santilli, con mandatarios provinciales a quienes les compra votos con promesas de recursos. Y muchos de los que no fueron visitados, como el santafesino Pullaro, se pronunciaron en términos generales a favor de un tipo de reforma. Sus observaciones, en todo caso, se focalizan en el componente impositivo.
Para Yofra, será difícil recoger voluntades políticas, más allá de los netamente opositores, “si no hacemos quilombo”. Y si la alternativa es “sentarse a esperar el milagro”, lo que ocurrirá es que la reforma se va a convertir en ley “destruyendo las herramientas que tiene la clase obrera para defenderse, que es la organización y la huelga”.
Los gremios que activaron la alarma hicieron una convocatoria amplia para reunirse nuevamente la semana próxima. “Esto se frena luchando”, señaló el secretario general de la federación aceitera.
Observaciones empresariales
Aunque las cúpulas empresarias acompañan en general el proyecto de flexibilización laboral, algunas entidades salieron a plantear algunas diferencias.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) y la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra) cuestionaron la modificación de la ultraactividad de los convenios colectivos.
Según Came, esto desnaturaliza el convenio colectivo como instrumento integral, rompe el equilibrio entre las partes y genera mayor inseguridad jurídica y conflictividad laboral, además de plantear posibles tensiones con el artículo 14 bis de la Constitución nacional y los convenios de la OIT.
Adimra coincidió y advirtió que una pyme “no puede renegociar su marco laboral todos los años” y que, frente a la duda, “no invierte y no toma gente”. También alertó que el cambio en el orden de prelación de los convenios, privilegiando los de empresa por sobre los de actividad, favorece a las grandes compañías con estructura negociadora y deja a las pymes en clara desventaja frente a sindicatos con mayor poder de fuego. Otro punto crítico compartido es la prohibición de aportes convencionales a cámaras empresarias.
Por su parte, el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) pidio modificar el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (Rimi) para que incluya “un amplio conjunto de inversiones agroindustriales, especialmente en economías regionales”. Y los bancos nucleados en Adeba, ABA y Abappra rechazaron la posibilidad de que las billeteras virtuales puedan pagar salarios y jubilaciones, tal como habilita el proyecto de reforma laboral.