El gobierno de Javier Milei agregará en el ya abultado temario de las sesiones extraordinarias en el Congreso un nuevo proyecto de ley para el financiamiento universitario. La decisión será comunicada por decreto en el Boletín Oficial en las próximas horas y se alcanzó tras reuniones entre la Secretaría de Educación y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Esto se produce después que el Gobierno hubiera apelado la decisión del juez Martín Cormick, que dio lugar a una medida cautelar obligando al Ejecutivo a actualizar las partidas previstas en la ley que había sancionado el Congreso el año pasado. Esta ley había sido vetada por Javier Milei, pero el Parlamento había insistido con más de dos tercios en ambas cámaras en una situación de tensión política en la previa de las elecciones legislativas.
Esta situación de idas y vueltas entre el Ejecutivo y el Legislativo había generado fuertes cruces entre oficialismo y oposición y masivas marchas en las calles contra la decisión del Presidente. Luego de las elecciones, la trama tuvo un nuevo capítulo con el rechazo al polémico capítulo 11 del Presupuesto 2026 (pese a su aprobación en general) que hubiera significado la derogación de la ley de financiamiento universitario mencionada.
Sin embargo, el Presupuesto 2026 sí consagró una reducción aún más significativa en el gasto público en universidades: las instituciones de educación superior recibirán partidas apenas por un 0,4% del PBI, la más baja en varias décadas y una caída del 47% respecto al año 2023, según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que también alertó por una reducción del 76% en las becas y transferencias para estudiantes.
Al mismo tiempo que apeló la decisión del juez Cormick a través de la Procuración del Tesoro, el gobierno impulsará esta nueva propuesta de financiamiento universitario en el Congreso. Amparado por las recientes victorias legislativas de la media sanción de la reforma laboral, el nuevo régimen penal juvenil y el acuerdo UE-MERCOSUR, el Gobierno espera desactivar el frente judicial y contener los reclamos de las universidades, mediante una nueva ley que reemplace la anterior.
Es por eso que desde la administración Milei sostuvieron que se encuentran activamente trabajando para «implementar los cambios en la ley (de financiamiento universitario) que nos permitan hacerla viable”. El Gobierno buscará los consensos necesarios para intentar aprobar rápidamente esta nueva propuesta de financiamiento universitario, aunque se espera que esta movida tenga el rechazo de entidades del sector.
Brian Emanuel Zini
Estudiante de la Maestría en Periodismo de la Universidad San Andrés
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