El Concejo Municipal tiene para su estudio un proyecto que pone en debate dos temas sensibles: dejar sin efecto la ordenanza que prohíbe la venta de alcohol entre las 23 y 8 fuera de los establecimientos, y la desregulación en el expendio de bebidas energizantes. «No se encontró evidencia empírica concluyente que demuestre que la limitación horaria haya producido una reducción significativa en las problemáticas sociales que se pretenden abordar», argumentó el autor del proyecto, el concejal libertario Lautaro Nahime Enríquez, quien señaló que hace falta más control, particularmente en los barrios alejados del centro. Para el oficialismo, no obstante, la liberación en el consumo significaría un «retroceso» del abordaje estatal en la materia. El polémico proyecto quedó en estudio de la comisión de Gobierno y no reunió el consenso necesario para su avance al recinto.
La norma que establece un tope a la venta de alcohol en comercios durante el horario nocturno fue sancionada en 2004 a propuesta del actual diputado nacional kirchnerista y expresidente del Concejo, Agustín Rossi. Merced a la norma, la venta de alcohol tiene una veda entre las 23 y las 8. Sólo permite el expendio en bares, restaurantes y discos o locales nocturnos.
¿Chau a la veda de alcohol?
Pero la norma, con el cambio de hábitos, entró en tensión. De la mano de las «previas» y «juntadas» de jóvenes el consumo del alcohol se instaló en el horario nocturno y hasta muchos comerciantes se quejaron de que su vigencia tiene efecto relativo. La salida a cervecerías con banquetas en las calles y cualquier servicio de cadetería puede abastecer de alcohol a quien lo solicite por una app en el celular.
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En su momento, el propio Rossi aclaró su pretensión respecto de los ealcances de su proyecto: «El proyecto no pretende resolver el tema del alcoholismo, sino que intenta aportar al ordenamiento de la noche en Rosario», dijo Rossi, tras lo cual señaló que se buscaba «que se cumpla la restricción de la venta de bebidas alcohólicas a menores».
Ahora, su continuidad ingresó en el debate entre las bancas del Palacio Vasallo. La ordenanza 7.630 establece la prohibición para el expendio de alcohol a minimercados, almacenes, granjas, supermercados, vinerías fuera de sus establecimientos, y en los casos de pizzerías o rotiserías debían adoptar la modalidad de envío a domicilio.
El concejal Lautaro Enríquez, autor de la iniciativa, argumentó que no se encontró evidencia empírica concluyente que demuestre que la limitación horaria al expendio de bebidas alcohólicas haya producido una reducción sostenida y significativa de los niveles de violencia, criminalidad o problemáticas sociales que se pretenden abordar.
Bebidas energizantes
De igual modo, en la ordenanza 8.285 del 2008 también se establecía la misma prohibición para el caso de las bebidas energizantes, en sintonía con la norma de 2004. El proyecto que ahora entra en debate también pide desregular su venta en horario nocturno. «Constituyen productos de venta legal, regulados a nivel nacional por el Código Alimentario Argentino», remarcó Enríquez.
El concejal Antonio Salinas esgrimió reparos y las concejalas Anahí Schibelbein y Alicia Pino manifiestaron su posición contraria a la propuesta. Se basan en la situación que atraviesa el consumo problemático y remarcan que sería un retroceso para el trabajo que se realiza desde el Estado provincial y municipal en esa materia.
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Argumentos en contra del fin al horario nocturno
En diálogo con La Capital, Schibelbein fundamentó su oposición. «No estoy de acuerdo con la medida por dos cuestiones. Una, por el argumento esgrimido por el autor de la iniciativa. Él considera que como los controles en el centro, y macrocentro funcionan mientras que en los barrios no, había una desigualdad. No me consta, pero lo primero que dije es que una derogación de ordenanza no se puede basar en que los controles no son suficientes. Y por otro lado estamos atravesando desde hace un tiempo, y más allá de los esfuerzos realizados por organizaciones, asociaciones civiles, y el Estado en su conjunto, un contexto donde hay consumo problemático de jóvenes y sobre todo en menores de edad. Aprobar esta desregulación sería, sin lugar a dudas, muy contraproducente», remarcó.
Otra que fundamentó su rechazo fue la edila socialista Alicia Pino: «Esta ordenanza fue originada para evitar disturbios entre estos mismos comercios de cercanía y los habitantes de la zona que tenían recurrentes problemas de convivencia con grupos que causaban disturbios. Me parece bueno reverla, estudiarla, pero me parece una herramienta importante que tiene que tener el Estado para prevenir consumos problemáticos, sobre todo en adolescentes», afirmó. Y acotó: «No se puede derogar una ordenanza porque no se cumple. Hay que hacer esfuerzos por los controles y seguir estudiando el problema».
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Enríquez manifestó haber mantenido contactos con dueños de kioscos y minimarkets que lamentaron “no poder explotar un nicho muy grande” por la existencia del artículo 3 de la ordenanza 8.285 y la ordenanza 7.630. “El espíritu de la ordenanza, que es proteger a los menores, es bueno, pero ya está cubierto de por sí por la ley nacional. Fuera del centro no se cumple la ordenanza, para generar igualdad de condiciones hay que derogarla. Quedó obsoleta”, señaló Enriquez en comisión.
Otro que criticó el proyecto fue el edil por Ciudad Futura Antonio Salinas, quien defendió la ordenanza porque “evita las llamadas ranchadas en la vía pública”, es decir, el encuentro de grupos alrededor de los locales, lo que induce a disturbios en la calle.