«No se suspenden terapias, se interrumpen derechos». La frase, estampada en un cartel pintado con témperas de color violeta, rojo y azul, forma parte de la última fotografía que subió a su perfil de Instagram el Centro Educativo Terapéutico El Cruce, una institución enfocada en la atención de personas con discapacidad, de barrio Echesortu.
El posteo es de junio del año pasado, unos meses antes de que se decidiera el cierre del espacio, castigado por el desfasaje entre la inflación y los aranceles pagados por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y obras sociales.
El Cruce no es el único lugar que no inició sus actividades este año. Inti Raymi, el centro educativo para bebés niños y adolescentes con dificultades motoras de Italia al 1100 siguió el mismo camino. Los mismo que Abrasoles, de San Martín al 2000 o la Fundación Todos los Chicos, de Casilda, que dejó de prestar servicios en diciembre del año pasado.
Una decena de instituciones
No son los únicos. Si bien en la ciudad no existe un registro de la cantidad de instituciones para personas con discapacidad que cerraron sus puertas en el ultimo año, distintas fuentes del sector estiman que hay una decena de instituciones que suspendieron actividades, ahogadas por la crisis de las políticas públicas relacionadas con la discapacidad. Otras, redujeron talleres, horarios o días de atención.
Este viernes, las instituciones de todo el país cumplieron un paro para exigir el pleno funcionamiento de la ley de emergencia en discapacidad y la deuda por las prestaciones ofrecidas. La medida de fuerza se completa la próxima semana con otro corte de actividades por 48 horas.
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Según advirtió el El Foro Permanente de Discapacidad, “la falta de pagos en tiempo y forma impide el normal funcionamiento de los centros terapéuticos, ya que muchas instituciones no pueden afrontar obligaciones básicas como el pago de sueldos, servicios, alimentación, transporte y otros costos indispensables para sostener las prestaciones”. Detrás de cada espacio que cesa sus actividades, apuntaron, los derechos esenciales de las personas con discapacidad están siendo vulnerados.
Sin ninguna respuesta
En Rosario existen entre entre 80 y 90 instituciones —educativas, terapéuticas y centros de día— que trabajan con personas con discapacidad. En su mayoría son pequeñas empresas que reciben entre 20 y 50 usuarios. El sector emplea a unas 5 mil personas.
Si bien la movilización de familias y prestadoras lograron que la Legislatura apruebe a mediados de año la ley que declara la emergencia en discapacidad y dejaron sin efecto el veto del presidente Javier Milei. En su decreto de promulgación señala que hasta que el Congreso no indique cuáles son las partidas presupuestarias, la ejecución de la ley queda suspendida.
«Las instituciones atravesamos un momento muy complicado. La mayoría son empresas pequeñas que no pueden resistir el atraso en los aranceles y el pago de las prestaciones», señala Mariel Chapero, psicóloga y referente del sector de la discapacidad.
Para la profesional, «decidir el cierre de un lugar no es fácil, todas hicieron un trabajo muy cuidadoso con sus usuarios y se ocuparon de hacer derivaciones de acuerdo a los criterios clínicos. Sin embargo, para los chicos y sus familias esto implica establecer lazos con todo un equipo nuevo, lo que lleva todo un proceso para que puedan volver a confiar en un equipo terapéutico».
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Una cuestión de equidad
Chapero recordó que la ley 24.901 (sancionada en 1997) establece un sistema de prestaciones básicas de habilitación y rehabilitación integral para las personas con discapacidad. La norma garantiza la cobertura integral de servicios preventivos, terapéuticos, educativos, asistenciales y de transporte, obligando a obras sociales y prepagas a brindar atención de calidad para la inclusión.
«La ley garantiza equidad en el acceso, en el sentido de que las personas que tienen la posibilidad de pagarlo puedan acceder a un espacio y quienes no tienen esa posibilidad económica también. Esto genera condiciones de derecho para todos, independientemente del sector social al que pertenezcan», apuntó.
Ese acceso a igualdad en los tratamientos, continuó, es lo que hace crujir la crisis que atraviesa el sector y pone en riesgo a los prestadores.
«Las instituciones que en algún momento generaron ganancias y pudieron capitalizarse hoy están liquidando eso para poder sostenerse, apelando a ver qué sucede el año próximo. El tema es que la mayoría de las entidades no están en esa situación, están endeudadas y tienen muchos problemas para seguir sosteniendo el servicio pero también para cerrarlo porque no tienen con qué indemnizar a la gente», advirtió Chapero.
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