El ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Alexandre de Moraes, desató una nueva ola de polémica al ordenar este lunes la prisión domiciliaria del ex presidente Jair Bolsonaro, alegando »reiterado incumplimiento» de medidas cautelares. Sin embargo, la decisión ha sido vista por muchos sectores como excesiva, políticamente motivada y parte de una persecución judicial contra el líder conservador.
La medida se basa en la participación remota de Bolsonaro en una manifestación bolsonarista en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, el pasado domingo. A través de una videollamada publicada por su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, el exmandatario dirigió un breve mensaje a los asistentes.
Para De Moraes, esto fue suficiente para justificar la imposición del arresto domiciliario, alegando que Bolsonaro violó las restricciones impuestas anteriormente, las cuales prohíben comunicarse públicamente, incluso mediante terceros.
En su decisión, Moraes calificó la participación de Bolsonaro como una »conducta ilegal» y lo acusó de intentar coaccionar al STF y obstaculizar la justicia. También prohibió al expresidente recibir visitas, salvo las de sus abogados, y le vetó el uso de teléfonos celulares o redes sociales. Además, ordenó un allanamiento en su domicilio para confiscar dispositivos electrónicos.
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La Policía Federal cumplió con la orden este mismo lunes, ejecutando la prisión domiciliaria y el decomiso de equipos electrónicos, lo que ha generado fuertes críticas tanto dentro como fuera de Brasil, por lo que muchos consideran un abuso de poder judicial y una nueva señal de activismo político por parte del Supremo.
Sectores conservadores, juristas y analistas han cuestionado la proporcionalidad de la medida. La falta de una evaluación técnica imparcial, la rapidez de la decisión, y el hecho de que Bolsonaro ya había sido restringido previamente, refuerzan las sospechas de una campaña para inhabilitarlo políticamente.
El episodio se suma a una serie de decisiones polémicas tomadas por De Moraes en los últimos años, especialmente en el marco de los procesos contra Bolsonaro y sus seguidores tras el asalto del 8 de enero de 2023 al Congreso, la Presidencia y la Corte Suprema.
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El expresidente es investigado por supuestamente planear un »golpe de Estado» para evitar la toma de posesión de Lula da Silva, lo cual incluiría reuniones con militares y discusiones sobre una eventual anulación electoral e incluso un presunto plan para asesinar al actual mandatario, aunque estas acusaciones aún no han sido probadas judicialmente.
Durante las manifestaciones del domingo, miles de personas salieron a las calles para exigir amnistía para los presos del 8 de enero y respaldar las sanciones impuestas por Donald Trump contra autoridades judiciales brasileñas. El presidente estadounidense retiró visas a ocho jueces del STF y aplicó aranceles adicionales a productos brasileños, condicionando su levantamiento a que cesen los procesos contra Bolsonaro.
La orden de arresto domiciliario se da justo en un momento clave en la política brasileña, donde crece el descontento con el poder judicial, que muchos consideran autoritario, parcial y desconectado del pueblo.
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