En el verano de 2022 Fabio Giménez estaba preso en la cárcel de Coronda como un cuentapropista que cometía crímenes por encargo y gerenciaba desde prisión un negocio de extorsiones. Por alguna razón llegó a su agenda el plan de matar a Jonatan “Peco” Almada, uno de los jefes —por entonces en libertad— de una banda que se abría paso a tiros en barrio Ludueña bajo el paraguas de Los Monos. Días atrás fue acusado de organizar el ataque por teléfono junto a su pareja, presa por contratar a los atacantes y entregar las armas para que abrieran fuego contra Peco frente a su casa, el 18 de febrero de ese año. Los sicarios no ahorraron plomo, pero erraron el blanco. La víctima letal fue Verónica Almada, hermana del hombre al que buscaban. También sufrieron heridas otra hermana y un bebé.
De ese modo el fiscal Adrián Spelta explicó la logística del crimen de la mujer de 38 años en una audiencia previa al juicio por el caso que se realizó en el Centro de Justicia Penal. Fabio Giménez y su pareja Samanta Vilches —los acusados, ambos presos— ya cumplen condenas. Él, a 28 años por delitos varios más una perpetua por instigar un crimen. Ella, a 19 años por organizar aprietes y balaceras a comerciantes. Ahora el fiscal pidió que sean sentenciados a prisión perpetua por organizar de manera conjunta un homicidio que se considera doblemente calificado: por la intervención de varias personas y por la promesa de dinero.
Esa es la acusación que presentó el fiscal en la audiencia preliminar, un trámite aún en curso ante el juez Gustavo Pérez de Urrechu. Se trata de una audiencia para definir en qué términos llega la causa a juicio. Resta que las partes discutan la prueba a debatir en el debate. A la calificación legal se le suma el delito de homicidio doblemente calificado en tentativa, ya que el atentado dejó dos sobrevivientes. Desde la imputación Spelta consideró que Giménez fue el instigador y Samanta una coautora funcional, es decir, engranaje de un plan común en el que todos los actores son responsables del resultado.
Perfil de Lalo
Nacido en Chaco en 1990 y conocido como «Tartita» o «Lalo», Fabio Alejandro Giménez es un preso que en la década pasada ya acumulaba condenas por robos unificadas en 13 años y 8 meses de prisión. A mediados de 2021, por entonces alojado en la Unidad 3 de Rosario y con su teléfono sometido a escuchas, quedó acusado como uno de los involucrados en el crimen de un estrecho colaborador del empresario narco Esteban Alvarado: Nicolás “Fino” Ocampo, acribillado en abril de ese año cuando llegaba en su camioneta a su casa de zona oeste junto a su hijo de dos años.
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En marzo de 2024 sería condenado como el instigador de ese asesinato en el que intervinieron otras personas y por el que se ofrecieron 370 mil pesos. Por entonces, las disputas en el mundo del delito ya le habían arrebatado a tres familiares asesinados en las calles del barrio Santa Lucía. Fue a causa de una histórica rivalidad que recrudeció en enfrentamientos de su familia con las huestes de Claudio “Morocho” Mansilla, el jefe de una banda narco que se volvió reconocido por ser el último preso en caer tras una escandalosa fuga a tiros de la cárcel de Piñero de junio de 2021.
Así, el 19 noviembre de 2019 Giménez perdió a su cuñado Sergio Carlos Birri, baleado en el patio de su casa de Estudiante Aguilar al 7700; a los cinco días fue ejecutado su hermano Sergio Rubén Giménez durante un partido de fútbol en una cancha de Pujato al 8000 y tres años más tarde, el 17 de agosto de 2022, su madre Catalina Aquino era asesinada en su casa de Misiones al 2100. Dos meses antes de ese crimen habían recapturado al Morocho.
Error en el blanco
La noche del viernes 18 de febrero de 2022 Verónica Almada estaba con su hermana y su pequeño hijo frente a su casa de Urquiza y Magallanes cuando al menos cuatro personas encapuchadas pasaron en un Fiat Punto rojo y abrieron fuego. “Fueron muchísimos tiros. Yo estaba con mi nene de tres años y nos tuvimos que tirar al piso”, contó un vecino.
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Almada falleció con varias heridas, en tanto que su hermana Brisa fue herida y al bebé de 6 meses una bala le rozó la cabeza. En la escena del crimen se encontraron 20 vainas servidas de dos armas distintas, una calibre 9 milímetros y otra calibre 22. En el frente de la casa quedaron los balazos marcados en la pared.
La investigación determinó que el ataque estaba dirigido a un hermano de la víctima, Jonatan, apodado “Peco”, considerado un importante engranaje de la banda que en barrio Ludueña era comandada por Andy Benítez, Julián Aguirre y Mauro Gerez a órdenes de Los Monos. Horas después de ese hecho la comisaría 12ª fue atacada a balazos desde una moto.
La organización mantuvo una sangrienta disputa con integrantes de una banda rival liderada por Alvarado. En aquel momento Peco estaba en libertad. Caería en agosto de ese año, días después de que su padre, un policía retirado, fuera apresado como parte de la banda.
Un plan captado en escuchas
En una escucha captadas minutos después del asesinato de Verónica Almada se detectó que uno de los sicarios le reportó la novedad a Giménez en medio de un clima de confusión. En otros audios se pudo escuchar cómo Vilches le aportaba detalles del ataque a su pareja y como éste le daba una serie de órdenes.
Por entonces Giménez estabadetenido en el penal de Coronda luego de ser trasladado desde la Unidad 3 de Rosario. El día del crimen entabló varias comunicaciones telefónicas con Vilches para que se ocupara de la logística del atentado. Así, para el fiscal, la mujer se ocupó de contactar a los sicarios, aportar los vehículos y entregar las armas.
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“Contando con la asistencia de por lo menos tres personas más, Vilches constató el domicilio en donde se podría encontrar Almada y una vez verificado se encargó de entregarles una suma de dinero y las armas”, indicó Spelta, que mencionó a un tal “Joni” como uno de los sicarios.
Samanta Vilches, de 36 años, fue detenida en mayo de ese año cuando salía de visitar a Giménez de la cárcel de Coronda. El 24 de julio pasado fue condenada a 19 años de prisión por dirigir en la calle un negocio de extorsiones organizado desde prisión que consistía en el cobro extorsivo de dinero a comerciantes a cambio de “protección”. Otro interno y su novia fueron condenados a 6 y 7 años de prisión por participar del negocio. Giménez había aceptado en marzo una condena 15 años de prisión como jefe de la asociación ilícita.