La Justicia de Estados Unidos volvió al ruedo contra la Argentina en el juicio de los fondos buitre por la expropiación de las acciones de YPF. La jueza Loretta Preska solicitó al gobierno que informe dónde esta el oro del Banco Central. La autoridad monetaria movilizó el año pasado parte del oro de las reservas hacia el extranjero. Este movimiento ahora pone en riesgo de embargo estos recursos. El planteo de la jueza norteamericana llega a partir del pedido de fondos de cobertura que litigan hace varias años contre al país, y pretenden cobrar una cifra multimillonaria en el juicio por la nacionalización de YPF.
Según las estimaciones del mercado, el gobierno despachó el año pasado más de 6 toneladas de oro del Banco Central hacia el exterior. Se calcula que cerca del 60 por ciento de las reservas de oro de la entidad se encontrarían fuera del país, habiendo sido despachadas inicialmente hacia la plaza financiera de Londres. El pedido de la justicia de Estados Unidos, a favor de los grupos especulativos de Nueva York, no se condice con la imagen de afecto, admiración y apoyo que el gobierno suele mostrar como la condición dominante en la relación entre ese centro financiero mundial y el presidente Javier Milei.
Sebastián Maril, de LATAM Advisors, aseguró que Preska criticó abiertamente la actitud de la Argentina en relación con la entrega de documentos e información solicitad. La jueza dijo que “se ha invertido más tiempo y dinero en defender la entrega de estos documentos que en realizar dicha entrega”, según citó el consultor.
Se trata de un nuevo capítulo en el litigio que enfrenta a Argentina con los fondos buitres como Burford por YPF. La jueza Preska aclaró que, sin importar si las reservas de oro están bajo la custodia del Banco Central o no, Argentina tiene la obligación de proporcionar cualquier documentación en su poder sobre estos activos. Este requerimiento subraya la necesidad de cumplir con las órdenes judiciales de Estados Unidos.
En el fallo también se incluyeron observaciones sobre la integridad de los documentos entregados hasta el momento. Los documentos solicitados están relacionados con activos estratégicos del país, generando un alto interés internacional y posibles implicancias significativas en el caso por la expropiación de YPF, considerada una de las disputas más relevantes entre un Estado soberano y acreedores internacionales. Uno de los puntos claves es qué puede pasar con el oro de la Argentina.
Maril explicó las diferencias entre el sistema judicial estadounidense y el argentino, un aspecto clave para entender el fallo de Preska. “El sistema judicial argentino es diferente al americano. La sentencia de Preska está firme, pese a que sea apelable y haya sido apelada”, señaló. También recordó que existen distintas formas de evitar embargos. Por ejemplo presentar una garantía. “Preska lo recomendó apenas asumió Javier Milei, pero el presidente no lo hizo por otras prioridades”.
Desde el 30 de enero pasado, cuando se ordenaron las medidas iniciales, comenzaron los procesos para intentar embargar activos argentinos, como las acciones de YPF en manos del Estado o el oro del Banco Central, conforme a las solicitudes de los beneficiarios del fallo.
Respecto a la inmunidad de los activos argentinos, Maril explicó que la jueza enfatizó que “no son ustedes quiénes para decirme qué activos gozan de inmunidad soberana y cuáles no”, sino que “tienen que presentarlo y yo decido qué es inmune”. Esto incluye propiedades consulares, cuentas bancarias y las reservas de oro.
Uno de los objetivos de los demandantes es demostrar que Argentina utiliza activos soberanos para actividades comerciales, lo que podría hacerlos embargables. “Si usaste la cuenta de una propiedad consular para un pago comercial, eso es algo que los demandantes buscan identificar”, afirmó Maril. Lo mismo ocurriría si se demostrara que el gobierno utilizó las reservas en oro del BCRA como garantía para la obtención de un préstamo en el exterior.
En cuanto a la estrategia del Gobierno frente al caso, Maril afirmó: “Si hay algo que no cambió este gobierno es la estrategia legal. Es la misma que tenían CFK, Macri y Alberto. La estrategia legal es patear la pelota”.
El litigio por la expropiación de YPF se encuentra en una etapa crucial. La sentencia inicial dictada por Preska acumula más de 16 mil millones de dólares, incluyendo intereses y honorarios legales, de los cuales mil millones de dólares corresponden al presente año. Burford, que invirtió cuatrocientos millones de dólares en la demanda y luego vendió el sesenta por ciento de sus derechos para financiar el litigio, busca cobrar el fallo este año.
Burford continúa litigando en primera instancia sobre cuestiones paralelas, como la posibilidad de que la justicia estadounidense determine que YPF actúa bajo órdenes del Estado argentino, lo que permitiría avanzar con embargos y eventualmente hacerse con las acciones de YPF en manos del Estado como parte de pago.
Los fondos buitres están a la espera de cualquier ventaja que puedan sacar con las acciones de la petrolera, las cuales registraron un boom de precios durante los últimos meses. El crecimiento sostenido de las acciones de YPF en Wall Street permitió que acumulen una suba de más de 170 por ciento en un año.
Los buitres estarían dispuesto a aceptar una negociación con el gobierno en la que haya quitas de capital o el pago mediante bonos soberanos. Según un informe de Bloomberg, se evaluaron incluso opciones como bonos “cupón cero” a diez años, que no generan intereses y comienzan a pagarse tras una década.