El juez de la Cámara Federal de Casación Penal y vicepresidente de la Comisión de Reforma del Código Penal 2024, Mariano Borinsky, brindó una conferencia virtual a través de la Fundación Académica Delta de Tucumán, sobre el nuevo proyecto en la que participaron más de 300 oyentes de distintas partes del mundo.
Durante su exposición, presentó los principales lineamientos del nuevo proyecto de Código Penal, que se espera sea enviado al Congreso de la Nación en el mes de marzo para su debate legislativo.
Borinsky destacó que esta reforma representa un avance fundamental en la modernización del sistema penal argentino, con un enfoque integral que busca dotar al país de un marco normativo más claro, eficiente y acorde con los desafíos actuales.
Entre los puntos centrales del proyecto, destacó la restricción de la libertad condicional, el decomiso anticipado a favor del Estado, el fortalecimiento de la legítima defensa de las fuerzas de seguridad y el endurecimiento de penas en casos de reiterancia delictiva y reincidencia.
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El juez remarcó que el nuevo texto legal introduce una normativa más rigurosa contra el crimen organizado.
Además, el magistrado subrayó la actualización en materia de delitos contra la integridad sexual, pornografía infantil y grooming, incorporando sanciones más severas y regulaciones específicas para la utilización de inteligencia artificial en la comisión de estos delitos. En el proyecto se prevé también un endurecimiento de las penas para delitos contra el estado civil y las relaciones familiares, en especial la compraventa de niños, cuya pena máxima ascenderá a 15 años de prisión.
En cuanto a los delitos patrimoniales, el proyecto incorpora nuevas regulaciones para estafas piramidales, fraudes informáticos y estafas mediante inteligencia artificial, estableciendo penas de hasta siete años de prisión y multas de entre dos y cinco veces el beneficio obtenido. También se propone una reforma en los delitos de usurpación, incendios, estragos y portación ilegal de armas, con penas más estrictas para quienes atenten contra la seguridad pública.
El juez remarcó que el nuevo texto legal introduce una normativa más rigurosa contra el crimen organizado, con penas de hasta 20 años para quienes participen en estructuras criminales de carácter transnacional. En esa misma línea, se reforzará el combate contra la corrupción, el lavado de activos, el narcotráfico y el financiamiento del terrorismo, ampliando el alcance de las sanciones y mecanismos de prevención.
Otro de los puntos clave del proyecto es la regulación de los delitos en manifestaciones públicas, penalizando con hasta tres años de prisión a quienes entorpezcan el tránsito sin autorización, y con hasta dos años a quienes arrojen objetos contundentes durante protestas, agravándose la pena si la agresión es contra fuerzas de seguridad. Asimismo, se incorpora una regulación específica para los delitos en el deporte y en eventos masivos, con penas dirigidas a quienes promuevan la violencia en estos ámbitos.
Borinsky concluyó su exposición resaltando que esta reforma busca equilibrar los principios de seguridad, justicia y derechos fundamentales, brindando herramientas más eficaces para la prevención y sanción del delito. Además, contestó numerosas preguntas de los asistentes.
La presentación del proyecto en marzo marcará un hito en la discusión sobre la modernización del Código Penal, con la expectativa de un debate amplio y profundo en el Congreso de la Nación.