jueves, 13 marzo, 2025
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La oposición busca poner en jaque el pliego de García Mansilla para la Corte Suprema

El kirchnerismo y la oposición más dura buscarán este jueves dictaminar en la comisión de Acuerdos del Senado el pliego del juez Manuel García Mansilla, designado por decreto por el presidente Javier Milei. Su idea es que quede «en igualdad de condiciones» con el de Ariel Lijo, para llevar ambos al recinto la semana que viene y rechazarlos.

Lijo ya tiene despacho de comisión pero Mansilla no. Por eso, si hay sesión, se necesitarían dos tercios para habilitar el debate del pliego de Mansilla. En cambio, si los dos llegan al recinto con dictamen se someten a votación y se rechazan con mayoría simple.

Como contó Clarín, la senadora larretista Guadalupe Tagliaferri, quien preside la comisión de Acuerdos, sorpresivamente convocó a la comisión para este jueves a las 11 para definir la situación del pliego de Mansilla, que todavía no tiene dictamen porque a Unión por la Patria le falta una firma: la de su jefe de bloque, José Mayans.

Como Mayans no estuvo presente el día de la audiencia de Mansilla, Tagliaferri no le toma como válida la firma.

Tagliaferri ya había aplicado este criterio cuando se trató el pliego del embajador en Israel, Axel Wahnish, y se le impidió firmar al libertario Ezequiel Atauche.

Según explican en su entorno, si bien los proyectos quedan circulando entre los despachos, no lo puede firmar un legislador que no participó del quórum de ese encuentro. Sin embargo, si hay una nueva reunión se abre otra posibilidad.

Para que haya dictamen la mitad más uno de los miembros de la comisión se tiene que expedir sobre el tema: firmar algún dictamen. Como son 16 firmas, se necesitan 9 para conseguir dictamen.

Unión por la Patria apuesta a obtener el de mayoría , de rechazo, con las firmas de sus siete integrantes de la comisión: Anabel Fernández Sagasti, Alicia Kirchner, Juliana Di Tullio, Lucía Corpacci, Sergio Uñac, Claudia Ledesma Abdala y Mayans.

Más las dos firmas del dictamen de Tagliaferri y el radical Martín Lousteau, que ya lo tienen escrito y tampoco prestan acuerdo.

Frente a esta situación en el bloque radical hablan de un «pacto» entre el kirchnerismo y el presidente de la UCR, Lousteau, y Tagliaferri, y decidieron no dar quórum en la comisión de este jueves. «Como acordamos, vamos a esperar a la reunión del lunes para definir postura conjunta. Lousteau ya cruzó el rubicón», señala un legislador.

Frente a esta situación, UP no puede tener ninguna falla. «El Gobierno juega y tiene con qué», señala una opositora.

Lo cierto es que si uno de los propios se enferma o no viene porque algún gobernador los llama, se derrumba la estrategia. «Vamos a estar todos. El decreto nos unificó a todos. Vamos a rechazar los dos», aseguran desde la bancada de UP.

El senador Eduardo «Wado» De Pedro ratificó en su visita a Expoagro que la bancada buscará voltear tanto a Lijo como a Mansilla. «Nosotros como bloque venimos pidiendo que se respete la Constitución Nacional, que se respete la designación de los jueces por el mecanismo que la ley manda”, sentenció.

En el radicalismo, igualmente, le advirtieron al oficialismo que si el tema llega al recinto están dispuestos a votar en contra porque no avalan la designación vía decreto. Incluso le recomendaron al Gobierno que si no quiere ir a una derrota segura retire los pliegos.

Si la comisión no se cae por falta de quórum y se consiguen las nueve firmas para el dictamen, el peronismo pedirá una sesión especial para el jueves que viene.

En ese caso, entrará en juego la vicepresidenta Victoria Villarruel que es la que debe convocar. El reglamento del Senado estipula que ella tiene la facultad de fijar la fecha y hora. «Ahí hay que ver si el Gobierno no dilata o teje algún otro acuerdo sobre la hora», especulan.

Incluso si ambos pliegos son rechazados no hay garantías sobre qué pasaría, sobre todo con Mansilla que ya juró. Algunos dicen que si el Senado vota en contra su pliego debe dejar su banca en el máximo tribunal. Otros consideran que como ya asumió , la única forma de removerlo es mediante un juicio político.

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